Entrega del agua a las megamineras
El
Gobierno pretende aprobar un nuevo Código Civil que excluye el artículo 241,
que garantizaba el acceso universal al agua potable. Pesan más los negocios con
las multinacionales que la vida de la población
El Gobierno nacional pretende aprobar antes de fin
de año la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, con un
llamativo apuro para evitar que crezca la indignación ante lo que será otro
capítulo de la entrega de la soberanía nacional a empresas extranjeras.
En este
caso, los negocios del kirchnerismo con las compañías multinacionales dedicadas
a la megaminería pudieron más que las garantías constitucionales para preservar
la vida de los habitantes de la Nación.
Es que
los legisladores oficialistas resolvieron por orden de la presidenta Cristina
Fernández quitar la propuesta de inclusión del artículo 241, que reconocía como
derecho fundamental el acceso al agua potable y obligaba al Estado a
garantizarlo a todos los habitantes. Así figuraba en el anteproyecto, que la
propia Casa Rosada le había encargado en 2011 a un grupo de 100 juristas
encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Lorenzetti.
La razón
por la que el Gobierno decidió deshacerse de este apartado está íntimamente
relacionada con su alianza con multinacionales depredadoras como la Barrick
Gold, que le dejan por año una cuantiosa suma de dinero a la caja estatal. Es
que este tipo de compañías necesitan para extraer oro de la cordillera nacional
–y de otros puntos del país– usar cantidades exorbitantes de agua (ver aparte)
con el riesgo latente de además contaminar los ríos.
No está en la agenda oficial
Para la
ciudad riojana de Famatina, la preservación y garantía del acceso al agua potable
es vital, y por esa razón sus ciudadanos con el apoyo del intendente Ismael
Bordagaray lograron torcerle el brazo al Gobierno nacional en tres
oportunidades, rechazando tres empresas que quisieron instalarse para extraer
minerales mediante la minería a cielo abierto, utilizando tecnología sumamente
contaminante.
En
diálogo con Hoy, el jefe comunal de Famatina aseguró: “esta es una discusión de
soberanía y de la utilización de los recursos no renovables. Nadie del Gobierno
quiere hablar de estos temas, nadie quiere hablar de lo que pasa con estos
recursos no renovables y del perjuicio que se causa en las comunidades y del
poco beneficio que dejan estas empresas”.
“Sobre
todo en zonas como las nuestras, en las zonas cordilleranas donde este bien
común es tan escaso, se está privilegiando el impulso de la megaminería por
sobre la preservación de la vida y del desarrollo de las comunidades”, señaló
Bordagaray.
En ese
sentido, el intendente explicó: “para nosotros es una discusión que no se dio,
inconclusa, que no está dentro de la agenda de la política pública nacional, y
que debería estarlo, porque es un elemento de conflicto que surge cada vez con
más fuerza en todas las zonas cordilleranas de la República Argentina”.
Cómplices
El
intendente de Famatina no dudó en asegurar a nuestro diario que “el Estado
debería ser garante de la preservación y el acceso al agua potable tanto como
elemento de utilidad pública como para el desarrollo de la comunidad”.
“La única
manera de combatir a las megamineras es con organización popular. El
sostenimiento de las luchas se da a partir del compromiso de la comunidad y de
todos los factores involucrados en ella: la parte religiosa, la sociedad civil,
todas. La política también tiene que estar en esta defensa porque si no nos encontramos
con situaciones como el caso nuestro, de un Gobierno provincial como el de
Beder Herrera que avala las políticas de las megamineras y son cómplices de las
políticas entreguistas”, concluyó.
Radiografía de la contaminación del agua
Si bien
los métodos de explotación y extracción suelen variar, por lo general las
megamineras realizan perforaciones o explosiones que provocan pozos de hasta 2
o 3 Km. de diámetro y alrededor de 600 metros de profundidad. Luego, el mineral
triturado es apilado en las plataformas de lixiviación (proceso de extracción
sólido-líquido), a través de la utilización de alrededor de 300.000 m3 de agua
potable por día, la que es mezclada con aproximadamente 10 toneladas de cianuro
de sodio por día, o en otros casos ácido sulfúrico. Y que se rocía y dispersa
sobre los minerales por medio de un sistema de regaderas para realizar
posteriormente la extracción.
Todo esto
significa un drástico desequilibrio en el medio ambiente al variar la
composición química de los minerales, dejando a su alrededor kilómetros de roca
contaminante; la grave incidencia del drenaje de los contaminantes producto de
los procesos químicos que impacta sobre las aguas subterráneas y superficiales
culminando en hogares y campos de cultivo, con el consiguiente perjuicio en la
salud de la población; y finalmente, el uso indiscriminado de millones de
litros de agua potable que resultan indispensables para la vida y la salud de
los habitantes, de la población y la de todo el ecosistema.
El pacto espurio
El otro
punto llamativo de la situación es que el presidente de la Corte Suprema,
Ricardo Lorenzetti, no dijo una palabra de la omisión del artículo 241, cuando
fue él mismo quien encabezó la redacción del anteproyecto que incluía ese
punto.
Se
trataría de otro capítulo del cada vez más evidente pacto entre el magistrado y
el Gobierno, que hace dos semanas le otorgó al kirchnerismo un fallo favorable
sobre la ley de medios y había levantado antes el embargo a la estadounidense
Chevrón, dejando vía libre al saqueo de los recursos energéticos nacionales.
Datos del peligro
Para
tener dimensión del peligro que corre el agua potable en el país basta ver las
cifras de lo que pretende ser el proyecto binacional Pascua-Lama, encarado por
la canadiense Barrick Gold, que en este momento está frenado del lado chileno,
pero sigue en marcha en San Juan. Esta iniciativa de minería a cielo abierto
utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en
una zona semidesértica–, 200 camiones de explosivos al mes y detonarán 45.000
toneladas de roca por día. En esta zona, están en riesgo más de 40 glaciares.
Por otro
lado, en Argentina los efectos de la megaminería ya están presentes en
Catamarca, donde ya está comprobado por el Juzgado Nº2 de Tucumán que el
emprendimiento La Alumbrera -de las multinacionales Xstrata (Suiza), Goldcorp
Inc. (Canadá) y Northern Orion Resources Inc. (Canadá)- ya contaminó la cuenca
del río Salí-Dulce al detectarse la presencia de cobre en el agua.
Buenos Aires, 16 de
noviembre de 2013
Fuente: Diario Hoy - Acta-CTA
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