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1. Nuestro rechazo a la Orden Ejecutiva emitida el 9
de marzo de 2015 por el Gobierno de Estados Unidos de América, sobre la base de
que esta Orden Ejecutiva es injustificada e injusta, que constituye una amenaza
de interferencia contra el principio de soberanía y el principio de no
intervención en los asuntos internos de los Estados.
2. Nuestro compromiso con la
aplicación del derecho internacional, resolución pacífica de los conflictos y
los principios de no intervención y llaman a los gobiernos a actuar en el marco
de los principios universales y la carta de las Naciones Unidas, en particular
la necesidad y la disposición de los gobiernos de abstenerse del uso de
recursos coercitivos unilaterales que violen el derecho internacional.
3. Nuestra solicitud soberana
y sincera al gobierno de Estados Unidos para acoger y establecer el diálogo con
el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como alternativa al
conflicto y a la confrontación, fundamentada en el respeto permanente de la soberanía
y la autodeterminación de los pueblos y los estados-naciones independientes.
4. Nuestra propuesta de
conformar un Grupo de Facilitadores de nuestro hemisferio y sus instituciones
(Celac, Unasur, Alba-Tcp y Caricom) para facilitar una diplomacia de compromiso
entre los gobiernos de Estados Unidos de América y de la República Bolivariana
de Venezuela para aliviar las tensiones y garantizar la resolución amigable.
En tal sentido, decidimos:
1. Ratificar nuestro compromiso
y apoyo irrestricto con la hermana República Bolivariana de Venezuela, en la
búsqueda de los mecanismos de diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos,
para que cesen las agresiones de este gobierno contra Venezuela.
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