Uno
de los sonsonetes más machaconamente utilizados contra la República Bolivariana
de Venezuela es el de la supuesta asfixia de la libertad de expresión en este
país. El coro mediático internacional se encarga de amplificar quejas y montar
campañas, sin escrúpulo alguno ante la evidencia de su falsedad, comprobable
por cualquiera que viva o pase unos días en Venezuela.
La libertad de expresión no sólo está garantizada
por la Constitución y las leyes bolivarianas, sino que se palpa y extiende día
a día. En los últimos 15 años, los medios de comunicación radiales y
televisivos en Venezuela se han expandido más de 60%. “Hay casi 200 radios más
que en 1998. Había 36 televisoras privadas de señal abierta en 1998, hoy hay
63”, informa el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), William Castillo. En Venezuela hay 97 diarios privados que circulan
con la mayor libertad en sus ámbitos nacionales o regionales, y ocho diarios
públicos, de los cuales uno solo, el Correo del Orinoco, tiene una circulación
nacional.
Además,
el país dispone de más de tres mil sitios de conexiones gratuitas inalámbricas
sin límite a Internet, así como 62% de penetración de Internet. Más de 16
millones de usuarios tienen acceso constante, y existen mil sitios de conexión
a través de los Infocentros.
Esta
situación contrasta fuertemente con las agresiones legales y la censura a la
libertad de expresión que están sufriendo otros pueblos, como es el caso
reciente de España, donde entró en vigor desde principios de julio una Ley de
Seguridad Ciudadana conocida como “Ley Mordaza”, diseñada a medida para
castigar las movilizaciones populares en la calle y en las redes sociales. Con
esta Ley las “infracciones sancionables” pasan de 19 a 44 y se establecen
multas con cantidades que pueden ir de los 30 mil a los 600 mil euros y cuyo
impago puede generar el inmediato embargo de bienes. (El Salario Mínimo
Interprofesional está fijado en 757 euros al mes y más del 60% de los
trabajadores viven hoy con ingresos inferiores a los mil euros mensuales). Todo
ello con el fin de crear un agresivo clima de coerción e intimidación a la
ciudadanía. Las infracciones estipuladas expresan un cuadro realmente
amenazador para la convivencia democrática y representan el gravísimo retroceso
que el gobierno del PP está imponiendo en el respeto de los derechos humanos y
en el control de la expresión pública de cualquier forma de desacuerdo o
rechazo a las medidas abusivas y antisociales que adoptan de forma continuada.
Juristas,
catedráticos de derecho, periodistas, fuerzas políticas, plataformas de
ciberactivismo...todos han calificado sin excepción las nuevas normativas como
el mayor atentado a la libertad de expresión en España desde la muerte del
dictador Franco en 1975. La mayoría de fuerzas políticas presentes en el
Congreso de Diputados han presentado un recurso al Tribunal Constitucional por
considerar que la Ley Mordaza impone un Estado policial y vulnera 12 artículos
de la Constitución que afectan al derecho a la dignidad de la persona, a la integridad física y moral, al derecho de
reunión y manifestación, a la libertad de información y a los derechos de los
inmigrantes, además de vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Por su parte, expertos y relatores en derechos
humanos de la ONU afirman que “el texto incluye definiciones amplias o ambiguas
que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley
por parte de las autoridades” que “amenazan con violar derechos y libertades
fundamentales de los individuos”. “La llamada ‘Ley Mordaza’ vulnera la propia
esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de
actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental,
limitando marcadamente el ejercicio del mismo” y “restringe de manera
innecesaria y desproporcionada libertades básicas como el ejercicio colectivo
del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”.
Se han desarrollado numerosas manifestaciones contra
esta ley y los días anteriores a su entrada en vigor la prensa crítica y las
redes sociales se llenaron de imágenes y viñetas de denuncia, susceptibles de
ser sancionadas a partir de ahora.
El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela Nicolás Maduro criticó severamente la Ley Mordaza aprobada en España
expresando que “es una ley que viola los derechos humanos, es una ley fascista,
la Asamblea Nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la Ley Mordaza de
Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo” y afirmó que “en
Venezuela jamás habrá una Ley Mordaza, ese es el régimen que quieren imponer en
Venezuela los sectores de oposición que son financiados por Rajoy”.
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