A pesar de las amenazas, aprietes, agresiones, avances de la justicia y declaraciones denigrantes hacia los docentes, el paro de los educadores santacruceños reunidos en ADOSAC sigue con decisión y dignidad.
El último congreso de delegados reunido en la sureña y cordillerana localidad de Río Turbio decidió en ajustada votación mantener el paro por tiempo indeterminado luego de 52 días sin clase y la amenaza de declararlo ilegal. Las localidades de la cuenca carbonífera y las de zona norte (28 de noviembre, Río Turbio, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado, Las Heras) sostuvieron el mandato de sus asambleas de base y lograron revertir con su proporción de congresales, la decisión de la capital Río Gallegos y localidades con menor acatamiento.
Al pedido de recomposición salarial que se inició en agosto de 2010 y contó con 17 pedidos de paritarias hasta que el gobierno, 6 días antes de comenzar el ciclo lectivo 2011, accedió a reunirse para anunciar que no contaba con los fondos para el aumento y que dependía de la renegociación de los contratos petroleros a las multinacionales que operan en la provincia.
Como habían anunciado los maestros, ante la falta de respuesta, fueron a un paro de 24 horas y no comenzaron las clases el 28 de febrero. Los docentes que habían titularizado un par de días antes sufrieron la amenaza de ver caer su titularización si no se presentaban, por lo que la modalidad en muchos casos fue asistir, firmar el alta y declararse en paro a continuación.
No hubo otra paritaria hasta el 18 de marzo, un día después del siguiente paro por 24 horas. Allí, el Consejo de Educación ofertó un 20 por ciento de aumento escalonado que se distribuía durante el año hasta octubre en pequeñas fracciones.
A todas luces resultó insuficiente. Un docente ingresante en Santa Cruz cobra un salario de 3500 pesos, pero el costo de vida es muy alto. La canasta familiar para una familia tipo está calculada en 10 mil pesos promedio (según los precios de febrero, que a esta altura resultan bastante menores que lo actual). El gremio docente había fijado el pedido de recomposición en un 50 %, teniendo en cuenta que del año anterior el gobierno prometió otorgar un 12 % en el segundo semestre nunca cumplido. A principios de año, la reforma de la ley previsional (infructuosamente resistida por Adosac) depreció nuevamente los salarios, aumentando un 2 % el descuento para la jubilación.
Frente al ofensivo 20 % escalonado, los docentes no tardaron en decidir un paro por 48 horas para el 30 y 31 de marzo. El 29 de marzo, el gobierno ofertó un 25 % escalonado, acercando un mes más el último índice (septiembre en vez de octubre), que implicaba un magro 12 % retroactivo a marzo.
Nuevamente, el gremio se plantó y allí comenzó la dura agresión y cerco del gobierno encabezado por el kirchnerista Daniel Peralta, un hombre surgido de los movimientos burócratas sindicales, con amplia acción en la cuenca carbonífera.
Los aprietes parecieron interminables: la maniobra de los descuentos, que tantos frutos le había dado a Peralta para mantener a los docentes a raya en el 2009 y el 2010 comenzaron a multiplicarse. “Día no trabajado, día no cobrado”, sin tener en cuenta básicos derechos constitucionales.
A cada presión, los docentes respondieron agravando la medida, paro por 48 horas el 4 y 5 de abril y de 72 horas para el 12, 13 y 14 de abril, precedieron al de tiempo indeterminado, sin que mediara más comunicación con el gobierno.
El 12 de abril al mediodía, cuando los docentes de 28 de noviembre volanteaban en el acceso a su localidad, manifestantes de la UOCRA, portando banderas, logos y estandartes, mientras acompañaban la comitiva del gobernador en visita de inauguración de obras, golpearon salvajemente a 17 trabajadores, la mayoría docentes. Hay videos, caras, nombres en mamelucos, patentes de automotores que permiten identificar a los agresores. Los hombres del interventor Carlos García decidieron atacar y si bien García renunció y se fue de la provincia, la causa no produjo hasta hoy ningún imputado.
A partir del hecho, se desencadenó el paro por tiempo indeterminado. Y con él, la avalancha de respuestas del gobierno: descuentos aleatorios y abultados en los haberes de marzo, abril y mayo, sanción del acuerdo 078, que propone entre otras cosas el reemplazo de los docentes en paro con suplentes considerando inasistencia al paro, llamado a una conciliación obligatoria que no condice con los parámetros de la ley, intimidaciones con multas a través de la justicia en procesos sumarísimos y el broche de oro con el decreto que anuncia el aumento fuera de la paritaria y el pedido para declarar en la justicia el paro ilegal.
En el medio, los docentes iniciaron medidas de acción directa luego de que los trabajadores petroleros lograran que el gobernador interviniera para solucionar su conflicto. La toma de los yacimientos de zona norte emuló a las medidas que le habían permitido a los petroleros solucionar los conflictos. Las Heras comenzó con una medida que se extendió por más de un mes y que arrojó 52 trabajadores imputados en causas que promueven la criminalización de la protesta social en manos del controvertido juez Eduardo Quelín.
Al pedido de recomposición salarial, se le adosaron el de juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de la golpiza de 28 de Noviembre, el desprocesamiento de los compañeros de Las Heras, la derogación del Acuerdo 078/11 y uno reflotado de persecución a directivos, el 070/04, la devolución de los días caídos y la protección de los compañeros en lucha para que al volver no se tomen represalias.
A ésto, el gobernador lo llama un conflicto político, en una provincia donde el gobierno concentra todos los poderes y la oposición se dedica a conformar listas partidarias sin perspectivas y mirar la realidad como espectador. Desde Nación, miran para otro lado, con algunas declaraciones que adhieren a los planteos de Peralta, pero sin comprometerse a fondo y deslindando la responsabilidad de la solución a la provincia.
Mientras tanto, el ciclo lectivo peligra y el gobernador hace un nuevo viaje a zona norte a solucionar personalmente conflictos de un grupo de trabajadores petroleros que afectan la producción, estableciendo claramente cuáles son sus prioridades.
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