Hace un mes, en mi calidad de
dirigente política y social, expresé en el municipio de Miranda, Cauca, mis
puntos de vista acerca de los derechos de la población. Hoy, me he enterado de
la polémica que dicha visita generó, debido a unas imágenes editadas y
publicadas por algunos medios de información que las recibieron de fuentes
oficiales.
Conociendo las reacciones del
presidente del Partido, Sr. Simón Gaviria, en las que se refiere a mis palabras
como alejadas de los postulados ideológicos del Partido Liberal, y las del
procurador Alejandro Ordóñez, que junto con algunos otros altos funcionarios
piden se me procese por diferentes delitos, deseo manifestar que estoy
dispuesta a aclarar mi responsabilidad jurídica y política, y ante todo mi
responsabilidad moral con Colombia.
En tal sentido, es irónico que
quienes han promovido de una u otra forma decisiones políticas a espaldas de
los intereses del país, indiferentes a las injusticias, exclusiones y
discriminaciones que viven cientos de comunidades indígenas, campesinas, afro
descendientes, sectores urbanos empobrecidos, sectores medios, mujeres, y
personas con diversas opciones sexuales, y en general amplios sectores sumidos
en la desigualdad, se asuman aquellos como jueces, desbordando nuevamente sus
competencias o pretendiendo ganar legitimidades para sus intereses.
Me acusan de “instigar al
delito”, "asonada", "concierto para delinquir" e
"incitar a la violencia" por referirme básicamente al retiro de las
bases militares que ponen en peligro a la población y por sumarme al llamado
que pide la revocatoria del Congreso y que algunos sectores plantearon al
mandato del Presidente.
Mis declaraciones son legítimas, justificadas y precisas, y
acuden al supremo recurso del pensamiento y la libertad de opinión que convoca
la acción civilista y pacífica, como lo vengo sustentando sin dobleces hace
muchos años, siempre en el marco de los principios de un Estado democrático
moderno.
Parte de ese legado histórico del derecho y del humanismo se
encuentra en obras y valores incluso anteriores a la Revolución Francesa
de 1789, en Tomás de Aquino, Tomas Moro, Pedro Claver. O en nuestra historia,
basta detenerse en pasajes de la vida de José Antonio Galán, asesinado en 1782,
hace 230 años, o en el pensamiento de Gaitán, Uribe Uribe, López Pumarejo. O en
una mirada universal al repasar la obra de Henry David Thoreau sobre la
desobediencia civil, o a autores como Mahatma Gandhi o Martín Luther King.
Porque evidentemente en la
modernidad, en un Estado de Derecho, se comprende con nitidez la diferencia
entre los delitos que desean se me imputen por instigación, y la legitimidad de
la actuación en libertades, en conciencia y en Derecho.
Lo que he hecho, en relación con la situación que padece el
norte del Cauca, y también otras regiones, es recordar que hay al menos dos
derechos de primer rango a los que la población no puede ni debe renunciar:
1. El derecho humanitario, que prohíbe que las
partes contendientes, sean militares o guerrillas, se instalen entre la
población civil para convertirla en escudo, protegiéndose indebidamente,
exponiéndola o haciéndola objetivo de acciones bélicas.
El derecho internacional es claro en este aspecto, por lo
tanto invito a un debate público, pluralista y respetuoso de las diferentes
posturas jurídicas y políticas sobre esta materia. Colombia necesita un cambio
en la política, cuyo primer objetivo debe ser no acrecentar más la
militarización y el saqueo, sino abrir la puerta para un diálogo de todo el
país, de todos los sectores, de todas las regiones, porque es necesaria la paz
y el logro de la justicia social.
2. El derecho a la protesta, a la opinión, a la
desobediencia civil y a la objeción de conciencia, respaldado en el pensamiento
humanista liberal y social. Se expresa, en este caso, de dos maneras: en primer
lugar llamando a la defensa pacífica por y desde la población civil atacada,
velando por su protección, su libertad, derechos y recursos, desde su propia
cosmovisión, a favor del territorio que está siendo militarizado y cruzado por
dos modelos de desarrollo de la guerra. En segundo lugar, adhiriéndome al
torrente que muchas ciudadanas y ciudadanos han desatado, de la necesidad de
revocar el mandato de poderes que no están salvaguardando intereses sociales o
públicos sino amparando solamente los intereses privados.
En el transcurso de mi quehacer político siempre he acompañado
las justas reclamaciones en derecho de comunidades indígenas, de campesinos, de
mujeres, de afrodescendientes; así como otras expresiones para que los derechos
de los colombianos sean una realidad.
Mi presencia en Miranda respondió
al acompañamiento solidario, humanitario y humanista que durante años he
realizado a procesos políticos y sociales y mi compromiso con la búsqueda de la
paz y la justicia social.
Es claro, y es un menosprecio a su memoria ancestral, a su
creatividad y valentía, que las comunidades indígenas, quienes padecen, como
otros sectores, el conflicto armado, claman por la humanización y la paz, que
sus movilizaciones, que han desarrollado por sí mismos hace muchos años, sin
mis expresiones de solidaridad y de preocupación, en el Cauca y en decenas de
regiones del país, son una prueba de esa firme voluntad colectiva que busca
hacer realidad el sagrado Derecho a la
Paz , que consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional.
Estas manifestaciones, al igual
que las campesinas y afrodescendientes, y de otros sectores de la sociedad,
indican la necesidad de dialogar, ante los costos en vidas y daños irreparables
para los civiles, para los combatientes de los bandos enfrentados, para la
economía del país, por los efectos sociales y ambientales que hacen inviable
una sociedad reconciliada en una democracia profunda.
Los momentos que vivimos de crisis en diversos planos son
una invitación al país, a las colombianas y colombianos sin distinción, a
decidir la búsqueda de la paz en una democracia política y social, y no una
guerra prolongada, sin esperanza, de aniquilamiento lento, doloroso, inhumano,
destructivo.
Colombia, 28
de julio de 2012
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