Madres de Soacha

Colombia: a partir del descubrimiento de fosas comunes  en las que fueron enterrados 19 jóvenes del municipio de Soacha,  asesinados extrajudicialmente  por fuerzas de seguridad, sus madres se organizaron para exigir justicia y castigo a los culpables.

En septiembre de 2008 el departamento de Medicina Legal  junto a otros organismos  comenzaron a cruzar información para identificar a decenas de jóvenes enterrados como NN en fosas localizadas en la ciudad de Ocaña; de allí surgió  que la mayoría de ellos habían sido falsamente reportados  como  guerrilleros (Farc) muertos  en combate. A estas ejecuciones extrajudiciales -se cuentan por miles-,  también  se las denomina “Falsos Positivos”, aunque en verdad constituyen “verdaderos negativos”.

Las  madres y familiares de estos jóvenes, junto a  defensores/as de derechos humanos fueron revelando la red criminal que opera  en Soacha.  Militares y paramilitares  ejecutan en forma sistemática a jóvenes que son  reclutados en zonas pobres con promesas de trabajo bien remunerado. Por éstos hechos los ejecutores reciben  recompensas  por guerrillero muerto. Tal escándalo obligó en octubre de 2008  al entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe, a destituir a 27 oficiales del ejército.

A la fecha se han enjuiciado y condenado a varios de los responsables de  ejecuciones extrajudiciales; otros juicios están en curso. Organizaciones de Derechos Humanos estiman que la tasa de impunidad de homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad es del 98%.

            Cabe resaltar, que a partir del alegato presentado por el colectivo de abogados  “José Alvear Restrepo”  representante  de   víctimas,  se logró que el Juzgado tipificara de sistemático el carácter de estos delitos y no como casos aislados,  de  Crímenes de Lesa Humanidad  y   Desaparición Forzada Agravada.   El Espejo acompañó el 16 de julio a dos integrantes de Madres de Soacha: Carmenza Gómez e Idalí Garcerá, a una audiencia en los Tribunales  Especializados de Cundinamarca, Bogotá. Esta audiencia se lleva a cabo contra tres militares por el caso de sus hijos, Víctor Fernando Gómez Romero y Diego Alberto Tamayo Garcerá, reclutados el 23 de agosto, asesinados el 24 de agosto y enterrados en una fosa común en la ciudad de Ocaña. Allí  declaró  personal  técnico de Medicina Legal de Bogotá aportando datos metodológicos  utilizados en la identificación  de las víctimas de Soacha.

Varias organizaciones acompañan en los juicios a las Madres: Ruta Pacífica de Mujeres, Minga, Fundación Manuel Cepeda Vargas, entre otras. A nivel internacional cuentan con el respaldo de diversas organizaciones de Derechos Humanos.

            En términos estadísticos el fenómeno de “Falsos Positivos”  se ha presentado desde el año 1984, durante los gobiernos de Virgilio Barco y posteriormente de César Gaviria, pero es bajo el régimen de Álvaro Uribe, a partir de 2004, que las cifras tuvieron su pico más alto. El  incremento se relaciona en parte con la impunidad. La falta de atribución penal ha sido un factor clave para que sigan produciéndose casos de Falsos Positivos.

Las Madres exigen juicio y castigo a los culpables, que cesen las amenazas e intimidaciones a los familiares,  “por la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.  Que todos los militares condenados sean recluidos en cárceles ordinarias, ya que los delitos de los que son responsables son crímenes de lesa humanidad y no merecen un tratamiento especial, ni pagar su condena en guarniciones militares".
         "LOS FALSOS POSI+IVOS  SON CRÍMENES DE ESTADO"

Desde Bogotá AA, CC, SPM