Una “región especial de desarrollo” es el nombre oficial para llevar adelante la división administrativa urbana del país, que de manera esquiva se llama “ciudad modelo”. Está sujeta al gobierno nacional, pero con un altísimo nivel de autonomía, con un sistema político y judicial separado y bajo un sistema económico de libre mercado. El proyecto de creación de varias ciudades en estas regiones toma el argumento de atraer inversión y generar empleo en esas zonas. Cada región especial tendrá su representante ejecutivo o gobernador y tendrá sus propias leyes orgánicas (o estatuto constitucional) y sus habitantes deben ingresar voluntariamente a este sistema. La Ley de Regiones Especiales de Desarrollo articula la relación entre el estatuto constitucional de cada región especial y la soberanía de Honduras.
El modelo a aplicar es el de “ciudades charter” o “ciudades modelo y tienen como referente la experiencia de las regiones administrativas especiales de China, en especial el caso de Hong Kong. Y de otros países del oriente asiático como Corea del Sur y Singapur. Su promotor es el economista estadounidense Paul Romer. Las disposiciones constitucionales que establecen las regiones especiales de desarrollo fueron planteadas entre finales de 2010 e inicios de 2011 en el actual gobierno del presidente Porfirio Lobo, quien dio respaldo oficial a estas propuestas. Detrás de estas propuestas de “ciudades modelo” con reglas claras y estables (“seguridad jurídica”), se trata de escandalosas cesiones de soberanía al capital y al imperialismo. Si bien el Congreso hondureño aprobó las reformas legales necesarias para la implementación de estas ciudades, la polémica se ha desatado, junto al rechazo. Los movimientos sociales, la Resistencia y el Partido Libre (Zelaya), han desenmascarado la enajenación.
Fuentes: Agencias - Wikipedia
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