Venezuela cancela así su pertenencia al Ciadi en un momento donde aún están pendientes de resolución los procesos en su contra iniciados por empresas transnacionales como la minera ruso-canadiense Rusoro y la petrolera norteamericana Conoco-Phillips. De hecho, la salida del Ciadi no supone el final de los arbitrajes en las controversias presentadas ante el mencionado organismo, tal como lo muestran los casos de Bolivia y Ecuador. Estos últimos países recibieron demandas de empresas transnacionales luego de que formalizaran su retiro del Ciadi en 2007 y 2010, respectivamente. Esta medida viene de la mano de la estrecha relación entre el Ciadi y los TBIs (Tratados Bilaterales de Inversión) que entre sus cláusulas define que las inversiones siguen siendo protegidas aún después de la denuncia del Tratado, por un período de 10 a 15 años luego de la fecha de terminación (cláusula de ultra-actividad).
Se pone así en evidencia la perversidad tanto del Ciadi como de los TBI que fueron creados para la defensa de los intereses de las empresas y no de los pueblos.
Asimismo, el retiro de estos tres países latinoamericanos muestra la falacia del discurso que sostiene que salirse del Ciadi provoca el retiro de inversiones extranjeras de un país. En ninguno de los casos este retiro significó un derrumbe en las cuenta corrientes de estos países. Incluso nuestra región muestra también casos que rompen con este argumento, como ser el caso de Brasil que nunca fue miembro del Ciadi y tampoco se ve ante la “amenaza de verse desfinanciado”.
Attac Argentina sostiene la necesidad a de que se instale el debate acerca del rol del Ciadi en nuestro país tendiente a una resolución similar de retirarse del Ciadi. La Argentina ha sido el país que más demandas ha recibido en el mundo ante el Ciadi por parte de empresas transnacionales. Los casos presentados ponen en evidencia que el sistema del Ciadi ha servido como restricción de las políticas públicas o de los mecanismos de control sobre las empresas privatizadas, tal como lo demostró el caso de Aguas Argentinas en donde su principal accionista, la norteamericana Azurix (asociada de Enron), le ganó a nuestro país su demanda por 160 millones de dólares, a pesar de haber incumplido con las inversiones que la misma se había comprometido realizar en el contrato de concesión al asumir el control del servicio de agua potable y saneamiento de la zona metropolitana de Buenos Aires.
Nuevas decisiones soberanas de Argentina, como ser la expropiación del 51% del capital accionario de Repsol de la empresa YPF, también son objeto de amenazas por parte de la transnacional española sobre demandar a nuestro país, una vez más, ante el Ciadi por sentirse “discriminada” por la expropiación realizada por el gobierno nacional, aun cuando son probados los manejos especulativos y depredadores por parte de dicha empresa.
Ejercer una verdadera política soberana a favor de los pueblos resulta imposible en caso de seguir atados al convenio del Ciadi. Esto resulta claro en los casos vinculados al cuidado del medio ambiente, donde las empresas transnacionales (como las mineras Barrick Gold y Osisko) son quienes aportan los capitales mayoritarios. En caso de políticas desfavorables para sus inversiones, estas empresas pueden recurrir al Ciadi amparándose en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados por Argentina con los países de donde provienen dichas inversiones o donde se encuentran sus casas matrices. De este modo, no es posible sostener una política medioambiental a largo plazo que proteja nuestros bienes comunes o incluso tener una política de control soberano y responsable sobre nuestros recursos naturales.
Es por ello que Attac Argentina expresa la urgencia de que nuestro país se retire del Ciadi, como así también, la necesidad de declarar nulos los Tratados Bilaterales de Inversión. Con este fin estamos impulsando el desarrollo de una Campaña Nacional contra el Ciadi y los TBI, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales a nivel nacional y global. Invitamos a incorporarse a todas aquellas organizaciones y movimientos populares que defienden la soberanía del pueblo sobre sus bienes comunes y su derecho a la implementación de políticas que operen en su beneficio y no a favor de los de las corporaciones transnacionales.
Julio de 2012
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