Un conflicto de la transición

Bolivia
En los últimos días ha regresado con bastante fuerza la tensión entre cooperativistas mineros y trabajadores asalariados por el control de los yacimientos mineralógicos de Colquiri, hace poco recuperados por el Estado bajo la figura de la nacionalización.
La lucha por esos yacimientos se explican por varias razones: por un lado, por la presencia cada vez más avasallante de los cooperativistas mineros que, aliados estratégicos del gobierno desde un inicio, se apoyan en su considerable número para presionar sobre las autoridades del gobierno para adjudicarse más campos de explotación.
Por otro lado están los trabajadores asalariados, hasta hace poco vinculados contractualmente a la empresa transnacional Sinchi Wayra y ahora a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que también presionan para que el estado tenga el control absoluto de esos yacimientos.
Lo evidente es que unos y otros, si bien expresan un tipo de pugna por quedarse con la mayor parte de la torta que no había en el pasado, al mismo tiempo lo hacen desde sus intereses particulares y no los bolivianos en general, lo cual también refleja los límites en la conciencia social.
Desde una perspectiva más larga, esta disputa entre ambos sectores en el fondo obedece, a pesar de sus actores, a una lectura de la Constitución Política del Estado, que reconoce cuatro tipos de organización de la economía, pero también traduce una manera de procesar los horizontes hegemónicos o articuladores de cada uno de ellos.
Habría que ser ingenuo en pensar que la relación entre los cuatro tipos de economías se va a desarrollar sin contradicciones y tensiones. De hecho, la economía plural es un concepto amplio que involucra un campo de lucha entre las distintas formas de organización de la economía, cuya dirección de la tendencia que vaya a seguir en los próximos meses y años permitirá saber, con mayor precisión, el carácter de la sociedad que se está construyendo.
Es decir, es altamente probable que los dos actores hoy en disputa —cooperativistas y trabajadores asalariados—, no tengan una dimensión exacta de lo que se está peleando ni de los tiempos políticos y económicos que requieren esa disputa, pero que están aportando elementos para que el estado y el gobierno nacional hagan ajustes desde su perspectiva estratégica, no cabe la menor duda y ese solo elemento —sin desconocer los riesgos que acechan— hace de ese conflicto un aprendizaje para el nuevo tipo de poder que se está construyendo en el país desde 2006.
En medio de esas tensiones, los trabajadores asalariados, los cooperativistas, los comunarios y el Estado Plurinacional deben dialogar, pues dependiendo del sector, en los tres está sustentado el éxito de la transición hacia una sociedad distinta a la dictada por el orden del capital.
Fuente: Editorial Semanario La Época – La Paz, 19 de septiembre de 2012