Un inicio de acuerdo luego de la represión
Luego de movilizaciones que no declinaron frente al despliegue de las fuerzas represivas, ni ante la aplicación de la ley de Seguridad Interior de la dictadura de Augusto Pinochet, el 23 de marzo comenzaron las reuniones entre representantes de la comunidad y el gobierno chileno. Las demandas se afirman en las necesidades de la región, las condiciones de vida, la ausencia de desarrollo y horizonte de vida para los pobladores de la zona.
Desde el mes de febrero, la irrupción de Aysén en el escenario de luchas, comenzó a sumar voluntades de apoyo y solidaridad. La respuesta gubernamental fue siempre la misma: aplicación del aparato represivo, detenciones, intimidación y amenazas. Nada acalló la determinación del reclamo. Por el contrario, la dinámica en curso mostraba la expansión del conflicto y el aumento del apoyo al levantamiento.
La Confederación de Estudiantes de Chile movilizó el miércoles 21 de marzo, en respaldo a los pobladores de Aysén y en rechazo a la represión policial en esa zona de la Patagonia. Las federaciones universitarias precisaron que habría manifestaciones en ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto Montt. , y señalaron que el gobierno optó por un camino que agravó el conflicto social en esa región, al decretar el cierre del diálogo y acentuar la represión policial.
Al referirse a la decisión del Ejecutivo de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en Aysén, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, acotó que se trataba de una estrategia para desviar la discusión de fondo y centrar la discusión pública en la violencia.
Luego de un mes de protestas, el gobierno había suspendido las negociaciones en Aysén e invocó la Ley de Seguridad del Estado, normativa que fue reformada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que endurece las sanciones respecto de la legislación ordinaria para desórdenes públicos.
El gobierno presentó querellas contra 22 personas -entre las que se encuentran pescadores, amas de casa, agricultores y pequeños empresarios- invocando la ley de Seguridad del Estado, ante lo cual los pobladores de Aysén retomaron las protestas, bloquearon la entrada al puente Ibáñez y cortaron varios puntos en Puerto Chacabuco, entre Puerto Aysén y Coyahique.
"Hay un abandono en la región. (...) No nos escuchan, no nos entienden y sólo se busca acallar un movimiento social que es absolutamente legítimo", dijo Rosa Pesutic, del colegio de profesores de Aysén.
"El gobierno tiene que mandar a una persona competente que tenga ganas de trabajar y dialogar y no que venga con un bidón de bencina (gasolina) a regar más el fuego", señaló por su parte Misael Ruiz, portavoz del Movimiento Social de Aysén.
El vocero por Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes, dijo a los periodistas "que la tensión ha aumentado en la zona después de que los habitantes de la región constataran el aumento de la dotación de carabineros, enviados desde Santiago".
Según el vocero, los uniformados llegaron por vía aérea durante la noche del domingo 18 y también la policía reforzó con tres tanquetas que ubicaron en un recinto militar en la ruta que une Coyhaique con Puerto Aysén, a 1.670 kilómetros al sur de Santiago.
Fuentes dijo, además, que se inició un proceso de recolección de firmas para pedir la destitución de la Intendenta Pilar Cuevas "por su inoperancia en el conflicto a lo que se suma el inicio del trámite para la formalización de 22 personas por Ley de Seguridad del Estado".
Por su parte, los presidentes de los cuatro partidos de la Concertación opositora, decidieron "institucionalizar" la intención expresada por varios de sus diputados, y encargaron formalmente a sus bancadas analizar una posible acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por la represión en Aysén.
El titular del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo este lunes que "el señor ministro (Hinzpeter) no sabe lo que es el diálogo, lo único que sabe es salir a reprimir. Un funcionario de esa investidura, no debe seguir siendo ministro del Interior".
Con las protestas, que comenzaron el 13 de febrero, los vecinos de Aysén, de apenas 105.000 habitantes, piden medidas que mitiguen el aislamiento de esta región, con problemas de conectividad y dedicada a la pesca, la ganadería y el turismo.
Fuentes: Agencias
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