El “caso Gelman”

El Estado uruguayo asume su responsabilidad
Finalmente el 21 de marzo el Estado ha reconocido su responsabilidad en la desaparición de María Claudia García y de su hija Macarena Gelman (quien recobró su identidad en el año 2000), cumpliendo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, cuya competencia había reconocido el gobierno de Sanguinetti en 1985. También se colocó una placa recordatoria de las víctimas en uno de los centros de tortura, futura sede del Instituto de Derechos Humanos, dónde nació en 1976 Macarena y estuvo por única vez con su madre desaparecida y presumiblemente asesinada. En el marco de la Operación Cóndor, instrumento de la doctrina de la “Seguridad Nacional”, hubo persecuciones, detenciones, traslados clandestinos, asesinatos y desapariciones. Se debe recordar que la guerrilla estaba derrotada cuando el golpe de 1973, y la represión se ensañó con militantes sociales, sindicales y políticos de un pueblo en cuyo nombre ni militares ni ex guerrilleros pueden hacer acuerdos. El reconocimiento en nombre del Estado lo ha asumido el Presidente José Mujica, una de las víctimas de ese terrorismo de Estado, condenado en condiciones inhumanas a largos años de prisión, hecho resaltado como paradojal por Juan Gelman.



El país vuelve a sacudirse bajo la sombra del pasado ocultado, poco después que la CIDH obligara a dejar sin efecto la Ley de Caducidad, con la que los políticos blancos y colorados beneficiaron a los terroristas de Estado. Y a días del hallazgo de otro cuerpo enterrado en el predio militar en que hace meses habían aparecido los restos del maestro Julio Castro, dirigente magisterial, periodista de Marcha y fundador del Frente Amplio.



Los organismos defensores de los Derechos Humanos valoran como un paso positivo el reconocimiento efectuado. Los altos mandos militares asisten al acto invitados por el Poder Ejecutivo, mientras que los responsables militares y civiles del terrorismo no manifiestan signos de arrepentimiento. El País -vocero de la dictadura- estima inaceptable el fallo de la CIDH e indigna de la soberanía la actitud asumida por el gobierno y la Suprema Corte de Justicia. Los dirigentes blancos y colorados adoptan posturas diversas y los ex presidentes Sanguinetti, Lacalle y Batlle no concurren al acto. Los acontecimientos revelan la puja por el poder político-militar y por la hegemonía ideológica. La tergiversación histórica pretende ocultar que el terrorismo de Estado se ensañó contra un pueblo desarmado sin que hubiera una guerra entre dos bandos.



Desde Uruguay, Julio Louis