Opinión
Por Nicolás Alessio *
El mal estado de la salud pública de Córdoba ya no es noticia. Y en ese orden, la “salud mental”, es la peor tratada. Al deplorable estado de los centros provinciales de internación de pacientes psiquiátricos se suma, una vez más, la respuesta irónica y soberbia del gobernador.
Esta vez, maltratando al poder judicial. La respuesta no se hizo esperar. Luis Paoloni, presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, contradijo ayer los comentarios de Juan Manuel de la Sota, quien cargó contra los jueces de Córdoba porque había sugerido que estos no siempre ordenan internaciones con dictamen médico previo, lo que llevaría a colapsar los centros psiquiátricos de la Provincia. “El gobernador estaba mal informado. Los jueces estamos sorprendidos por sus dichos porque todas las internaciones psiquiátricas ordenadas por magistrados se hacen siempre con un dictamen previo de médicos especialistas”. A nosotros no nos sorprende. No se trata de falta o mala información, que de por si sería gravísimo, se trata de prioridades. Para De la Sota, las prioridades son el negocio y sostener su imagen de presidenciable a costa de la demagogia y la publicidad, no las personas. Menos los enfermos. Si esto fuera poco, hay que sumar la “aparición” y luego pronta “desaparición” de un asesinado mientras se construía la nueva terminal de ómnibus. En el apuro por inaugurar obras que ayudaran al triunfo electoral de De la Sota, responsables del gobierno del ex gobernador Schiaretti, no dudaron en hacer desaparecer un cadáver. Qué importa un muerto más o un muerto menos, la prioridad era sostener la imagen del gobernador eficaz, un gran hacedor de obras. Aquí también la Justicia ha reaccionado. El fiscal de Instrucción Rubén Caro buscará identificar a los empleados de Riva SA que afirmaron en TV haber hallado un cadáver en el predio de la Nueva Terminal y luego supuestamente lo arrojaron a un contenedor. Dijo: “Hoy vamos a analizar los videos y vamos a individualizar a las personas. También vamos a consultar a la empresa y a los funcionarios. Hago un pedido a todos los que hayan trabajado allí que se presenten espontáneamente ante la Fiscalía General o ante la Fiscalía I Turno IV de Tribunales II para ayudar a esclarecer esto". Por su parte, Claudio Orosz, abogado de Hijos, realizará una presentación ante la Fiscalía Federal Nº3 de Córdoba, donde se llevan a cabo las investigaciones por los enterramientos clandestinos de la dictadura. ¿Se podrá avanzar en la investigación”. No será sencillo, nuestro “poder judicial” no es tan independiente como debiera. Pero ese es otro tema.
* Presbítero, teólogo
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